Por Santiago Duarte Novoa
Hoy, en un mundo que nos exige replantear el actuar del ser humano en su entorno, a la vez que su propia existencia se pone en duda, nos encontramos con estados que no solo no están intentando “reinventarse”- como se les exige en esta coyuntura a los pequeños comercios y a aquellos que no encuentran cómo acumular el capital suficiente para llevar alimentos a sus casas- sino que observamos como estos continúan con una guerra sucia frente al nuevo paradigma ecológico. Los asesinatos a líderes sociales y defensores del medio ambiente continúan en la pandemia, y es un fenómeno que no solo está ocurriendo en Colombia, sino que paralelamente se da en países latinoamericanos como México, en donde podemos resaltar como las muertes más recientes la de los ambientalistas Alejandro Llinás Suárez y Adán Vez lira, el primero asesinado en la sierra nevada de Santa Marta, y el segundo que murió violentamente en el estado de Veracruz. Es entonces que surge una duda ¿Por qué mientras a las empresas se les ofrece seguridad, los ambientalistas caen en medio de un estado de emergencia?
Si bien estas muertes normalmente son asociadas al actuar de grupos al margen de la ley, es bien sabido que detrás de estos grupos se encuentran no solo intereses estatales. También hacen parte de este fenómeno la actuación de multinacionales, las que en su mayoría hacen parte del sector energético. La asociación de estos dos actores no solo se da mediante estas actuaciones “clandestinas”, sino que también son visibles a nivel institucional con los llamados “convenios de cooperación”. Estos convenios pueden ser revisados gracias al ejercicio de periodismo de datos realizado por la página rutas del conflicto, en el que es posible encontrar un mapa que ilustra los territorios en donde se han practicado estos convenios, junto con sus respectivas órdenes, que aunque tienen un gran nivel de ambigüedad, nos permiten visibilizar las formas en las que el estado se articula alrededor de las empresas.
Como una forma de responder a la pregunta que nos planteamos en un principio, podemos apelar a la construcción de una racionalidad fundamentada en el estado de excepción planteado por Agamben. Este autor nos explica cómo este actuar se ha fundamentado históricamente en la formulación de los estados-nación como dueños de la muerte de sus ciudadanos. Esto, en el contexto planteado aquí no solo se evidencia en la protección de los réditos aportados por un sistema extractivista, sino que se ve claramente en la desaparición sistemática de aquellos que se resisten activamente frente a estas políticas. Esto último siempre parece disfrazarse con un aura de negligencia, lo que nos ha permitido hacer frente a la complicidad detrás de las muertes que inundan los titulares de las noticias del día a día.
Pero lo más aterrador de todo esto, es la forma en la que la muerte de nuestras relaciones sociales y ecológicas finalmente es administrada como una política mas. Todo esto dentro de un sistema económico y político que afecta principalmente a un sur global destinado a ser la cantera del planeta. Esto, solo me hace pensar que los países en los que habitamos hoy no solo son dueños de la forma en la que vivimos y nos relacionamos dada una emergencia sanitaria, sino que estos siguen haciendo uso de nuestros cuerpos y espacios como recursos que pueden ser eliminados según sea necesario, en una lógica capitalista perversa, en la que no se sabe que marchitara primero: si la resistencia o la vida misma.
Comments