La coyuntura del país es preocupante. Las acciones de viejos y nuevos grupos armados hacen evidente la dificultad que tiene el Gobierno para mantener el orden público y se habla mucho de cómo se han fortalecido las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. En este contexto surge la pregunta por uno de los puntos acordados entre el Gobierno y esa guerrilla, a saber, la implementación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Estos son instrumentos que garantizarían el cese al fuego bilateral y la dejación de armas, pero dada la generalizada situación de inseguridad en las zonas más afectadas por el conflicto, podría dudarse de si están o no cumpliendo su propósito.
El Acuerdo creó las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), pensadas como una herramienta para garantizar la estabilidad del cese al fuego y la dejación de armas (1) , como lo expresa el punto 3.1.4.1 del documento firmado. Desde un principio se contempló que estos espacios tendrían un carácter temporal y transitorio, además de ser el producto de un proceso de concertación entre el Gobierno Nacional y las FARC.
Este mismo propósito fue incorporado en los múltiples decretos mediante los cuales el Presidente de la República creó las ZVTN y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) (2) . Estos instrumentos se crearon para garantizar el cese al fuego y sentar las bases para la reincorporación de las FARC. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el carácter temporal de las ZVTN, lo que implica, como fue previsto en un primer momento, una duración de 180 días prorrogables. Asimismo, se concedió a los excombatientes de las FARC la suspensión de las órdenes de captura mientras permanecieran en las ZVTN y en su tránsito a las mismas (3).
Luego de dos prórrogas, se estableció que la fecha de terminación de las ZVTN sería el 15 de agosto de 2017 (4) . Además, se estableció que al vencimiento de ese término dichas zonas se transformarían en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) (5) . Con base en lo anterior la CSIVI (6) indicó que los ETCR debían cumplir con la capacitación de los integrantes de las FARC con miras a lograr su reincorporación, preparar proyectos productivos y resolver las necesidades de formación técnica de las comunidades vecinas (7) . Además, se fijó la vigencia de los ETCR por un término de dos años a partir del 15 de agosto de 2017 (8).
En la Orinoquia existen (10) ETCR9 y como ha sucedido con la implementación de varios de los puntos del Acuerdo Final, se han presentado una serie de obstáculos. De manera precisa, se ha generado polémica en torno a la adaptación de los ETCR para garantizar condiciones de vida digna a los excombatientes de las FARC. En sus primeros meses estos territorios no contaban con la infraestructura necesaria para proveer servicios básicos como agua potable y energía, situación que produjo molestia entre las FARC. A partir de esto se generaron diversos cuestionamientos al proceso de toma de decisiones y a la contratación de la infraestructura de dichos espacios (10).
La Defensoría del Pueblo indicó que para finales del 2017 existían avances en la construcción de las unidades habitacionales, pero había retrasos en la adecuación de las aulas destinadas a la formación en educación básica, la escasez de mobiliario y material educativo, además de servicios de luz y agua intermitentes (11) . Los ETCR de las veredas Madrigal, municipio de Policarpa (Nariño) y la vereda La Guajira, municipio de Mesetas (Meta) llamaron la atención por la inadecuación de las unidades habitacionales y no existían espacios para desarrollar las actividades de reincorporación. A lo anterior se suma la generalizada situación de inseguridad de los excombatientes y comunidades aledañas, pues en 24 de los 26 ETCR se identificó la presencia de grupos armados (12). Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de articulación entre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, centrales para atender las causas estructurales del conflicto (13).
Como denunció Carlos Antonio Lozada, la protección del derecho a la salud también es preocupante (14). Por la desatención a una mujer en estado de embarazo que perdió su bebé se puso en evidencia la dificultad que enfrentaba la implementación del Acuerdo Final en este punto (15) . Es de anotar que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud y del Fondo de Programas, se comprometió a garantizar el servicio de salud en los ETCR (16) . No obstante, a pesar de las dificultades, se pueden evidenciar algunos avances. La Misión de Verificación de la ONU indicó que 10.363 excombatientes están afiliados al sistema subsidiado de salud y para diciembre de 2017, 3.235 excombatientes habían recibido servicios médicos (17). Asimismo, Nueva EPS, encargada de prestar los servicios de salud a las personas ubicadas en los ETCR, indica que han llegado 3.256 excombatientes a las 77 clínicas, haciendo uso de 21.766 servicios que en su gran mayoría son por afecciones leves (18) .
Adicionalmente, la página del Alto Comisionado para la Paz (19) señala que todos los ETRC de la región Orinoquia tienen un avance en su infraestructura del 100%. Sin embargo, persisten problemas de acceso a agua y saneamiento básico, existen dificultades en la provisión del servicio de electricidad y se han verificado interrupciones en la entrega de alimentos (20) . Paralelamente, el proceso de bancarización de los excombatientes tiene resultados significativos, pero hace falta trabajo en “[…] el acceso a la tierra; la elaboración, financiación y ejecución de proyectos productivos viables, vinculados al desarrollo local; y la creación de cooperativas para que esas iniciativas se lleven a la práctica” (21) . Si bien existen cerca de 100 iniciativas productivas lideradas por exmbiembros de las FARC, la implementación del Acuerdo en este punto ha sido ineficaz (22) .
Uno de los obstáculos podría encontrarse con el engorroso proceso para que se aprueben los proyectos (23), ya que para el mes de febrero solo se había aprobado un proyecto en Miravalle (Caquetá) (24), a pesar de que existe el interés por parte de los excombatientes en la estructuración de los mismos. Lo anterior se potencia con un problema de acceso a la tierra que genera lentitud en el proceso y hace que los excombatientes pierdan el estímulo (25) .
Una de las posibles consecuencias de los distintos problemas mencionados es la salida de combatientes hacia otros lugares (26), principalmente zonas rurales en donde se desarrollan proyectos colectivos, como es el caso de La Uribe (Meta). A estos lugares la ARN ha enviado 106 facilitadores para apoyar los procesos que allí se desarrollan (27) , pero es evidente que la situación representa nuevos retos dada la necesidad de adaptar las medidas contempladas a los nuevos territorios, particularmente en lo relativo a la reincorporación (28) . Además, preocupa la incorporación de esos excombatientes en nuevas estructuras criminales. La ARN reconoce la necesidad de afianzar el vínculo con quienes tengan la iniciativa para evitar que se queden los proyectos en la mera formulación (29) . Adicionalmente, la ARN ha sostenido que no existe obligación de quedarse en estos espacios, de modo que si los excombatientes deciden salir, están en plena facultad de hacerlo, pues no es necesario que permanezcan para continuar vinculados al proceso (30) .
En conclusión, los datos antes expuestos permiten entender que el gran reto de los ETCR está en lograr igualdad de condiciones, en garantizar el acceso a servicios de salud a todas las personas que se encuentren en estos espacios y, lo que puede ser más importante, apoyar de manera efectiva el desarrollo de proyectos productivos que permitan a los excombatientes tener acceso al mínimo vital. No llegar a avances significativos en estas áreas supone la persistencia de las causas estructurales que han guiado el conflicto armado interno. Además, se reitera la necesidad de una efectiva coordinación interinstitucional, que se considera clave para avanzar hacia la consolidación de una paz sólida y perdurable.
El cese al fuego fue regulado mediante el Decreto 1386 del 2 de agosto de 2016.
Se crearon 20 ZVTN y 7 PTN.
Esta disposición se encuentra en el punto 3.1.4.1 del Acuerdo Final y en el artículo 10 de cada uno de los decretos que creó las ZVTN.
Primero, el Decreto 901 de 2017 prorrogó la vigencia de las ZVTN hasta el 29 de mayo de 2017. Posteriormente, el Decreto 1274 de 2017 la prorrogó hasta el 15 de agosto del mismo año.
Artículo 3, Decreto 1247 de 2017
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final
Artículo 2 del Decreto 2026 de diciembre de 2017, mediante el cual se reglamentan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación creados por el Decreto 1274 de 2017.
Artículo 5, Decreto 2026 de 2017.
Las ZVTN de la región se ubicaron en los siguientes departamentos: Meta en los municipios de La Macarena (vereda Yarí), Vistahermosa (vereda La Reforma) y Mesetas (vereda La Guajira); Putumayo en el municipio de Puerto Asís (vereda La Pradera); Guaviare en el municipio de San José del Guaviare (vereda Charras y Las Colinas); Arauca en el municipio de Arauquita (vereda Filipinas); Caquetá en los municipios de La Montañita (vereda El Carmen) y Cartagena del Chairá (vereda La Esperanza). Además, se estableció un Punto Transitorio de Normalización en Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán (vereda Miravalle).
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Ibídem.
El Informe menciona las economías ilícitas, el desempleo, la desigualdad socioeconómica y las tensiones relacionadas con prácticas electorales.
Miembro de la guerrilla de las FARC que desde el 2015 integra la subcomisión técnica para el fin del conflicto.
Colombia2020 (12 de enero de 2017). “El Gobierno cumplió y ha cumplido todo lo pactado: Carlos Córdoba”. En Colombia2020. Recuperado de: https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-gobierno-cumplio-y-hacumplido-todo-lo-pactado-carlos-cordoba
Artículo 8, Decreto 2026 de 2017.
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La información mencionada se encuentra en el siguiente enlace: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/construcion-paz/espacios-territoriales-capacitacionreincorporacion/Paginas/ETCR-La-Carmelita-Puerto-Asis-Putumayo.aspx
Algunos ETCR cuentan con guarderías, enfermerías, espacios deportivos, mientras que en otros la provisión de servicios básicos como electricidad y alcantarillado están ausentes. (Valenzuela, S., febrero 15 de 2018. "Mapa: a un año de fundados, así van los espacios territoriales de las FARC". En ¡Pacifista!. Recuperado de: http://pacifista.co/mapa-a-un-ano-de-fundados-asi-van-los-espacios-territoriales-de-las-farc/)
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Ibídem.
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Palabras de Juan Pablo Patiño, delegado de las FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación. Tomado de: Valenzuela, S. (marzo 26 de 2018). “En un año, a las antiguas FARC solo les han aprobado un proyecto productivo”. En ¡Pacifista!. Recuperado de: http://pacifista.co/en-un-ano-a-las-antiguas-farc-solo-les-hanaprobado-un-proyecto-productivo/
Colombia2020 (21 de noviembre de 2017). "'Solo el 45% de los ex miembros de las FARC están hoy en los espacios de reincorporación': Jean Arnault". En Colombia2020. Recuperado de: https://colombia2020.elespectador.com/pais/solo-el-45-de-los-exmiembros-de-las-farc-estan-hoy-en-losespacios-de-reincorporacion-jean
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Tícora, J. (1 de abril de 2018). “Excombatientes de FARC en Llanos le siguen apostando a la paz”. En Radio Nacional de Colombia. Recuperado de: https://www.radionacional.co/noticia/paz/excombatientes-de-farclos-llanos-le-siguen-apostando-a-la-paz
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